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El articulado del Plan Nacional de Desarrollo plantea la entrega de terrenos baldíos del Estado a grandes empresas para su explotación. Una iniciativa similar ya había sido presentada por el exministro Andrés Felipe Arias y había sido declarada inexequible.

Foto: Archivo

En la hacienda Carimagua se presentó un proyecto piloto de explotación agrícola que generó una fuerte polémica en el país.

No paran de aparecer propuestas polémicas en el articulado del Plan Nacional de Desarrollo (PND), incluso algunas que en el pasado ya habían sido declaradas inexequibles por la Corte Constitucional. Se trata de los artículos 45, 46 y 47, con los cuales se reforma la Ley 160 de 1994 —Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino— y, según dicen congresistas de la oposición, abren las puertas para que un particular pueda quedarse con tierras baldías del Estado en áreas de cualquier magnitud, por encima de la asignación al campesinado.

Ya en el Estatuto de Desarrollo Rural que se tramitó durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe y que fue impulsado por su entonces ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, se trató de incluir una iniciativa similar que finalmente no pasó el examen de la Corte. Se trataba de los artículos 90 y 91 de ese estatuto, en los que se planteó que “previos los estudios correspondientes, el Consejo Directivo del Incoder podrá delimitar áreas de baldíos que tendrán el carácter de zonas de desarrollo empresarial, en las cuales la ocupación y acceso a la propiedad de las tierras baldías se sujetará a las regulaciones, limitaciones y ordenamientos especiales que establezca el Instituto”.

Y agregaba en el artículo 91: “Las sociedades de cualquier índole que sean reconocidas por el Ministerio de Agricultura como empresas especializadas del sector agrícola, pecuario, pesquero o forestal, podrán solicitar la adjudicación de terrenos baldíos en las zonas de desarrollo empresarial establecidas en el artículo, en las extensiones que al efecto determine el Consejo Directivo del Incoder”.

Además, el Estatuto de Desarrollo Rural del gobierno Uribe planteaba en uno de sus parágrafos que los tiempos de asignación de predios serían de cinco años, los cuales se podían renovar por dos años más y finalmente, si se cumplían las condiciones, se autorizaría “la venta del terreno baldío conforme al precio que señale el Consejo Directivo”.

La propuesta que incluye hoy el PND es curiosamente similar, pues plantea que “las sociedades de cualquier índole que sean reconocidas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural como empresas especializadas del sector agropecuario y forestal, podrán solicitar autorización para el uso y aprovechamiento de terrenos baldíos en las zonas de desarrollo empresarial (…) en las extensiones y con las condiciones que al efecto determine el Consejo Directivo del Incoder, de acuerdo con la reglamentación del Gobierno Nacional”.

Sin embargo, el PND no hace claridad en el período de explotación de esos baldíos, pues señala el articulado que “el aprovechamiento se efectuará a través de contratos de leasing, arriendos de largo plazo, concesión u otras modalidades”.

Según el senador Jorge Enrique Robledo, “hasta hoy las leyes planteaban que las tierras baldías del Estado colombiano se transfieran a los campesinos. Lo que hacen estos artículos del PND es organizar las cosas para que se les entreguen a los ‘cacaos’ de la explotación agropecuaria y a las transnacionales en cualquier proporción. Llama la atención que esos tres artículos son los mismos que hizo aprobar el exministro Arias en el Estatuto de Desarrollo Rural y que posteriormente la Corte Constitucional declaró inexequibles”.

Robledo explicó que “estos tres artículos permitirán legalizar aglomeración de tierras baldías hasta concentrar grandes extensiones. En pocas palabras, es legalizar el modelo Carimagua, en el sentido de que las tierras del Estado se le daban a un gran hacendado con el cuento de que éste, a través de peones y semisiervos, va a generar trabajo y beneficios”.

El senador Gabriel Zapata, uno de los ponentes de la iniciativa, manifestó que el Plan Nacional de Desarrollo es un texto con más de 240 artículos y es normal que se presenten puntos de vista diferentes, pero “mi criterio es que estos son artículos originales del Gobierno y nosotros, luego de las explicaciones de los ministros y del director de Departamento Nacional de Planeación, Hernando José Gómez, estuvimos de acuerdo con el contenido. Es un voto de confianza que le dan los partidos de la Unidad Nacional al presidente Juan Manuel Santos para que pueda cumplir las metas que se trazó”.

Zapata manifestó que es probable que la Corte Constitucional tenga una visión diferente, como ya ha sucedido con la inexequibilidad de algunos decretos que fueron expedidos en el marco de la declaratoria de Emergencia Social y que posteriormente no contaron con la venia del alto tribunal. “Sin embargo, nosotros como congresistas apoyamos este plan, que ya entra en su segundo debate”, puntualizó.

Estos puntos de vista dejan de manifiesto una inquietud sobre la política de tierras del Gobierno, que aunque ha demostrado un compromiso con la restitución de predios por medio de la ley de víctimas, que está a un debate de ser aprobada y que ha generado un importante impacto en el ámbito internacional, al punto que es clave para destrabar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, también podría estar apuntando a la explotación por parte de grandes industrias tal como lo planteaba el exministro Andrés Felipe Arias durante el gobierno anterior.

Alguien cercano a alguien pretende escapar a algun lugar por ser acusado de algo…

Sobre Curvaradó hay medidas cautelares de la CIDH que obligan al Estado colombiano a proteger a su población. Los grupos paramilitares asesinaron a un centenar de personas y desplazaron a más de 1.500 para despojar de sus tierras a los campesinos afrodescendientes. Los beneficiaros fueron los empresarios del agronegocio de la palma aceitera, empresas como UNIBAN y BANACOL cuyos propietarios han sido llamados a juicio. Sin embargo, antes de que los predios colectivos hayan sido restituidos a los pobladores, el Ejército se retira, los paramilitares entran y declaran: “lo que se está demostrando es quién manda aquí, somos nosotros, los militares y la policía saben que estamos aquí y los proyectos económicos van a ser los que hemos definido¨.

Campesinos denuncian desde el viernes 15 de abril que el ejército se retiró y enseguida hicieron presencia alrededor de treinta paramilitares. “El gobierno nos dejó solos y estamos a lo que nos toque”. “Lo que nos pase es responsabilidad del Estado colombiano“ son las palabras que expresaron ante Contagio Radio los habitantes de Curvaradó , que denuncian que el Estado colombiano está incumpliendo con las medidas de protección impuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, después de que las masacres paramilitares desplazaran a más de mil quinientas personas en los últimos diez años, a beneficio de las empresas productoras de palma aceitera.

Los campesinos afrodescendientes confirmaron la ocupación de predios colectivos de un grupo entre 20 y 30 paramilitares, vestidos de civil y portando armas largas.

¨Los militares se fueron y entraron los paramilitares , estos se hicieron pasar por guerrilleros, pero al ser descubiertos cuando les llega comida en motos y abiertamente, aceptaron que eran paramilitares . El gobierno no responde, nos dejaron aquí para que nos maten o que nos vayamos del territorio que aún no nos han restituido. El gobierno dice una cosa, pero aquí los que mandan son otros¨, expresó un poblador.

Algunos de los paramilitares manifestaron que no debían preocuparse por denunciar, ¨lo que se está demostrando es quién manda aquí, somos nosotros, los militares y la policía saben que estamos aquí y los proyectos económicos van a ser los que hemos definido¨.

Los paramilitares se ubicaron en inmediaciones de la Zonas Humanitaria de Andalucía y muy cerca de los ocupantes de mala fe e invasores, que desde diciembre de 2010 se tomaron las tierras de las comunidades afrodescendientes. Esta ocupación de tierras ha estado apoyada por sectores empresariales bananeros y paramilitares .

Así mismo, como se informó hace un par de días, los militares desde el viernes de la semana pasada se retiraron de los lugares de presencia perimetral de las Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad en donde se ubican los reclamantes de tierras de Curvaradó y Jiguamiandó.

El retiro de los militares se produjo luego de que los paramilitares diseñaron un plan de atentados contra los lideres y lideresas exigiendo la restitución de predios colectivos despojados para siembras de palma, de ganado y de banano.

Sin embargo, mientras estos desprotegieron a los afrodescendientes dejándolos a merced de los paramilitares , los invasores y ocupantes de mala fe apoyados por empresarios de UNIBAN y BANACOL son protegidos con la presencia militar de la brigada 17 en sus permanentes reuniones.

Escuche el testimonio de los campesinos en Contagio Radio: http://contagioradio.com/otra-mirada/ocupacion-paramilitar-en-curvarado

Antecedentes

Plan de asesinatos selectivos para impedir restitución en Curvaradó

La persecución paramilitar a Enrique Petro en Belén de Bajirá, el atentado frustrado a Santander Nisperuza y los hostigamientos a Guillermo Díaz expresan el plan de asesinatos selectivos de los reclamantes de tierras en Curvaradó.

La firma de un acuerdo de intención entre el gobierno de Obama y de Santos para el TLC, desconoce los contextos y situaciones reales en que el fomento de este tipo de comercio está teniendo para comunidades negras e indígenas y su relación con violaciones de derechos humanos.

Los intereses sobre agrocombustibles, explotación minera siguen alentando el paramilitarismo empresarial.

Hace pocas horas se conoció la estrategia criminal empresarial contra los integrantes de los consejos menores de Curvaradó. Se pretende mostrar los crímenes como aislados y muertes en extrañas circunstancias de manera que se desvirtúe la responsabilidad de la policía de Urabá y de la brigada 17.

Los empresarios ganaderos de “La Tukeka”, ocupantes de mala fe, manifestaron que ya armaron su grupo armado con conocimiento de las autoridades para proteger sus tierras mal habidas.

Así como la familia Argote, otros empresarios del mismo gremio como Lopera, Ramìrez y Mejía se movilizan con hombres armados, que intimidan y amenazan a integrantes de los consejos menores. Sus actuaciones amenazantes tienen lugar en presencia de la fuerza pública.

La voluntad de restitución de los territorios colectivos se enfrenta a este fortalecimiento de la estrategia paramilitar consentido por la fuerza pública y la impunidad.

La Fiscalía realiza una investigación parcial de hechos, dejando de lado la sistematicidad de los crímenes allí cometidos desde 1996 y sin vincular en la que no vincula comandantes ni generales de la brigada 17 y la policía de Urabá que han participado y amparado el despojo violento.

Igualmente, aprovechando la buena fe de funcionarios del gobierno nacional, en el plan de acción gubernamental para la restitución de predios, los paraempresarios están pretendiendo hacer ver como ocupante legítimos a familias que habitan en el casco urbano Carmen del Darién y que no tienen propiedades en los predios de los consejos menores.

A esta estrategia se suma, la ampliación de operaciones empresariales de palma, de ganado y de minería sin consentimiento de los afro mestizos e indígenas y en desacato de las ordenes Constitucionales, que no se hace cumplir por el gobierno nacional. Entre las empresas se encuentra la Sunward Resources Ltd, Goldplata, la Muriel Mining Corporation y la Britanico Australiana Rio Tinto.

Este conjunto de factores son obstáculos que impiden la restitución de predios colectivos y develan la continuidad del paramilitarismo.

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Desprotección a reclamantes de tierra en Curvaradó y Jiguamiandó

Un hostigamiento atribuido por la brigada 17 a la guerrilla de las FARC, ocurrido a 300 metros de la Zona Humanitaria Pueblo Nuevo, se uso como pretexto para levantar los controles perimetrales sobre las Zonas Humanitarias en Curvaradó de las fuerzas militares. El hostigamiento armado ocurrió en Jiguamiandó, sin que se conozca la certeza judicial y fáctica del responsable del hecho y si hubo o no heridos.

Los observadores internacionales y nacionales que se encontraban en la Zona Humanitaria indicaron que los sonidos se escucharon a más de 300 metros del lugar, en 5 segundos y luego en 20 segundos de sonido, descargas de armas de fuego.

Militares expresaron falazmente que el ataque se produjo desde la Zona Humanitaria de Pueblo Nuevo. Esta mentira se uso como pretexto para el cese de operaciones de control perimetral lo que facilita las actuaciones paramilitares contra la población con un plan de asesinatos selectivos contra lideresas y líderes de los consejos menores reclamantes de tierras colectivas despojadas por paramilitares y empresarios de la palma y la ganadería.

Sin que los consejos menores conocieran de la decisión, se supo de las celebraciones de los ocupantes de mala fe por la decisión del General GIRALDO, comandante de la brigada 17 de ordenar el retiro de la fuerza pública. Los empresarios a través de sus administradores y en algunos casos los propios paramilitares, manifestaron , que así se demuestra “quién manda en la región”, aseveraron que la tierra “no la entregarán”, “Aquí mandamos nosotros”

Igualmente se conocieron reuniones de regocijo entre empresarios beneficiarios del paramilitarismo y los mismos paramilitares.

La semana pasada se conoció de un plan de asesinatos selectivos contra lideresas y líderes de los consejos menores reclamantes de tierras colectivas despojadas por paramilitares y empresarios de la palma y la ganadería.

Hoy los integrantes de los consejos comunitarios menores han quedado a merced de los paramilitares y empresarios que diseñaron un plan de atentados accidentales, para evitar que la fuerza pública y ellos sean acusados ante tribunales como responsables.

Las lideresas y líderes de restitución de los predios colectivos que habitan en Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad manifestaron que si el presidente Santos no toma directamente cartas en el asunto, el paraestado seguirá rigiendo los destinos de Carmen del Darién y del bajo Atrato. En estas condiciones existen incumplimientos claros para una firma del TLC con los Estados Unidos, precisaron.

Más información Constancia

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz

http://justiciaypazcolombia.com/Ocupacion-Paramilitar-de-predios

NOTICIAS RELACIONADAS:

Empresarios de palma, a juicio por despojo (El Tiempo, 14 de abril de 2011) http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-9172421.html

Paramilitares queman cosecha a campesinos de Curvaradó, Chocó (Partido Comunista Colombiano, 19 de marzo de 2011) http://www.pacocol.org/index.php?option=com_content&task=view&id=8535

Entre las 15 personas llamadas ayer a juicio por uno de los despojos históricos de tierras en Colombia, el del Urabá chocoano, hay empresarios y políticos locales.

Entre 1997 y el 2001 fueron asesinadas en esa zona 120 personas y otras 1.500 huyeron tras la incursión paramilitar. Los acusados, según la justicia, se prestaron para construir un megaproyecto que trajo como consecuencia el desplazamiento de las familias negras de la zona de Curvaradó y Jiguamiandó.

Los llamados a juicio son Gabriel Jaime Sierra Moreno, gerente y representante legal de la empresa Palmas de Curvaradó; Javier José Daza Pretel, ex representante legal de Urapalma; Sor Enid Ospina Rendón, representante legal y accionista mayoritaria de Agropalma; Katia Patricia Sánchez Mejía, representante legal de Urapalma; Claudio Adolfo Fregni Ochoa, representante legal de Inversiones Fregni Ochoa, y Raúl Alberto Penagos González, representante legal de la empresa Selva Húmeda.

En el listado aparecen el ex concejal Remberto Manuel Álvarez, José Miguel Ruiz Cossio, Juan José Palacios Palacios, Jorge Luis Santo Ortega, Javier Morales Estrada, Mario León Villa Pacheco, Mario Alberto Vélez Giraldo y Manuel Gregorio Denis Blandón.
Deben responder por desplazamiento forzado y concierto para delinquir agravado. También fue llamado el paramilitar ‘Monoleche’.

Entre 2006 y 2009, varios cables diplomáticos de Estados Unidos detallaron la accidentada relación con una firma de Israel que desarrolló en Colombia programas de asesoría en inteligencia y operaciones especiales contra las Farc.

A finales de 2006, la Embajada de Estados Unidos en Colombia, en un cable diplomático sobre diversos aspectos de seguridad, reveló que tres altos oficiales retirados del Ejército de Israel, entre ellos un exagente del servicio secreto Mossad, habían visitado el país y, por iniciativa del entonces ministro Juan Manuel Santos, iban a presentar una propuesta formal de asistencia en su programa de objetivos de alto valor. Aunque la Embajada resaltó que no iba a objetar la asesoría, tres años después las relaciones de Colombia con la empresa israelí y de ésta con la propia Embajada terminaron mal y este fracaso se proyectó al vecino gobierno de Panamá.

Hacia finales de 2007 ya estaba en marcha el proyecto y el ministro Santos se mostraba interesado en establecer un acuerdo para que la asesoría incluyera compartir información de inteligencia con Estados Unidos y Colombia. En un cable fechado en octubre de ese año, la Embajada registró este hecho, pero comentó que la opción de compartir información clasificada con Israel representaba un desafío que debía ser consultado por la Embajada de Estados Unidos en Tel Aviv con el gobierno israelí. En el fondo se percibía, por el tono de la información enviada a Washington, que la Embajada en Bogotá no veía con muy buenos ojos la presencia de Israel en Colombia.

Ya hacia mediados de 2008, en un extenso cable, la Embajada de Estados Unidos explicó en detalle qué estaba sucediendo entre el gobierno de Colombia y una firma de Israel. En concreto, el reporte explicó que aunque las relaciones económicas entre las dos naciones eran muy limitadas, el gobierno de Álvaro Uribe en su sector de defensa mantenía contratos privados con la firma Global CST, que incluían asesoría militar, entrenamiento de fuerzas especiales y venta de armas para apoyar la guerra contra las Farc. El cable detalló que el contrato apuntaba al adiestramiento de fuerzas especiales en desarrollo de su programa de objetivos de alto valor.

Y agregó que el Ministerio de Defensa había comprometido a Global CST para ayudar al Gobierno en asesoría estratégica, sobre todo para el desarrollo de operaciones especiales e inteligencia militar. La Embajada detalló que Global CST era manejada por el general (r) Yisrael Ziv, exdirector de operaciones de las fuerzas de Defensa de Israel, conocido personal del ministro Juan Manuel Santos. Además de su ayuda para combatir a las Farc y otras organizaciones criminales, también incluía la evaluación de amenazas externas provenientes de Venezuela y Ecuador. El programa era denominado como un “Salto Estratégico”.

Entre otros detalles, el cable diplomático registró que el Gobierno colombiano había firmado un acuerdo con su similar de Israel para renovar su versión de aviones Kfir, en un negocio por 160 millones de dólares con una compañía del Estado llamada Israel Aircraft. Además, informó que las negociaciones planteaban la eventual compra de aviones no tripulados con inteligencia y habilidades de reconocimiento, así como su participación en una licitación para la compra de fragatas. Los anuncios a Washington evidenciaban cierta incomodidad porque los negocios con Israel no habían sido una significante fuente de inversión en Colombia durante los últimos años.

La prueba de que estos negocios causaban inquietud en Washington es un cable enviado desde la Secretaría de Estado a mediados de 2009, donde directamente la secretaria Hillary Clinton preguntó a su Embajada en Bogotá cómo estaban las relaciones entre Colombia e Israel, qué tipo de asistencia adicional estaba buscando, cuál era el estatus de las armas que habían adquirido del Medio Oriente y cuánto podía costar esa asistencia. El cable se adentró en otra sucesión de interrogantes, desde cuáles eran los progresos de Colombia en Derechos Humanos hasta si habían decrecido los casos de ejecuciones extrajudiciales.

En particular, el cable preguntó por el estatus del comandante del Ejército Óscar González, sus relaciones con el presidente Uribe, el ministro de Defensa Santos y otros oficiales de alto rango. También indagó cómo era percibido su mando, cuánto podía durar en esa posición y qué prospectos había para reemplazarlo. Acto seguido interrogó quién sería el sucesor del ministro Santos, cuánto más se quedaría en su cargo, si los viceministros iban a quedarse, si Santos se iba, cómo iba a ser la reacción del presidente Uribe a la presión externa para que reemplazara al general González y cómo podía impactar el tema de derechos humanos la salida de Juan Manuel Santos.

No quedaron registradas las respuestas de la Embajada, pero sí un cable de diciembre de 2009 donde citando como fuente al director de la Policía, Óscar Naranjo, se concluía que al nuevo ministro de Defensa Gabriel Silva le había quedado un sabor amargo de los negocios con Israel. Además ratificó que las relaciones de la Policía con el mayor general Yisrael Ziv y su firma Global CST habían sido un desastre, y por eso no comprendía cómo estaba haciendo avances en Panamá y Perú. De hecho, admitió que les había hecho comentarios negativos a las autoridades panameñas respecto a la posibilidad de los negocios de la firma israelí.

De igual modo Naranjo comentó en la Embajada que como señal de la insatisfacción creciente, el ministro Silva había revocado una decisión del general Freddy Padilla para comprarle a Israel varios aviones no tripulados. Agregó la Embajada que ésta era otra muestra de  la relación distante y desconfiada entre Silva y Padilla. En el mismo cable, la Embajada agregó que otros oficiales del gobierno colombiano habían manifestado su dificultad para trabajar con la empresa israelí y la posibilidad de compartir inteligencia del gobierno de Estados Unidos. El calificativo dado a la experiencia de trabajo con Global CST fue de “enredada”.

Y para agravar el panorama, la Embajada comentó que fuentes de la Policía habían dicho que un intérprete de la compañía israelí, aunque de origen argentino, identificado como Shai Killman, había tomado copias de documentos clasificados del Ministerio de Defensa colombiano y, aunque había fracasado en su intento, había tratado de venderlos a las Farc a través de contactos en Ecuador y Argentina. Los documentos supuestamente eran de alto valor. No obstante, el cable añadió que el general Yisrael Ziv negó lo sucedido y que había enviado a su vocero Killman de regreso a Israel. El reporte volvió a reseñar los detalles de las negociaciones con el gobierno.

A título de comentario, la Embajada agregó a lo dicho que a pesar de que la firma israelí, para ganar confianza con el ministro Santos, le había prometido una versión más barata de asistencia, Estados Unidos y el mismo gobierno colombiano habían sabido que esa firma no tenía experiencia en América Latina y que sus propuestas estaban diseñadas más para incrementar sus ventas que para atender las necesidades de Colombia. Además, agregó que la firma Global CST no había sido transparente con Estados Unidos y había tratado de insertarse en discusiones clasificadas con el gobierno colombiano. Por eso no descartaba que los negocios se acabaran.

Al menos su opción en Panamá se acabó pronto. Ese mismo diciembre de 2009, un cable de la Embajada de EE.UU. en el vecino país confirmó que se habían cerrado las discusiones con Global CST. De hecho, en una reunión con el presidente Martinelli, la Embajada había comentado los problemas que la empresa había causado en Colombia y Perú y les recomendó que hablaran con el general Óscar Naranjo para que les comentara más detalles. El presidente Martinelli agregó que no querían cambiar de amigos. La Embajada terminó agradeciendo a su similar de Bogotá por los reportes sobre Global y su relación con oficiales claves del gobierno de Colombia.

La referencia histórica de unos mercenarios

Al menos en dos de los cables diplomáticos a través de los cuales la Embajada de Estados Unidos en Colombia comentó los pormenores de las negociaciones entre el gobierno Uribe y una empresa israelí, los reportes incluyeron la referencia de cómo la cooperación de defensa con Israel se había enfriado durante los años 80 y 90.

En concreto, la Embajada recordó que algunos mercenarios de Israel habían ingresado a Colombia en esa época para ayudar al entrenamiento de fuerzas paramilitares. El comentario antecedió a la información sobre cómo el Gobierno ahora comprometía a exmilitares de Israel para entrenamiento contra las Farc.

Sin citar su nombre, la alusión histórica se refería, sin duda, al coronel retirado del Ejército de Israel, Yair Klein, contra quien el Gobierno colombiano libra desde hace varios años una batalla legal por lograr su extradición a Colombia. Klein está condenado en el país por entrenamiento a grupos paramilitares.

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