DENUNCIA PÚBLICA ESTUDIANTES UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA AMENAZA DE MUERTE A ESTUDIANTES Y PROFESORES INGRESO DEL ESMAD
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Santos propone que universidades públicas se financien con dineros privados
El Presidente de la República, Juan Manuel Santos, propuso una reforma a la Ley 30 de 1992, de educación que en este momento “no se ajusta a los desafíos que hoy tenemos por delante”. De acuerdo con el mandatario, serán cuatro ejes fundamentales donde se contempla que las universidades públicas puedan recibir inversión de capitales privados, sin que los claustros sean privatizados.
“La educación pública, si quiere ser competitiva, no puede negarse a la posibilidad de tener fuentes de inversión privada y quiero que quede muy claro, no significa privatizar, significa invertir; lo digo porque desde ya es bueno evitar malos entendidos”, explicó el Presidente Santos.
Según el mandatario, lo que se busca es el desarrollo de alianzas publico-privadas donde el sector privado pueda hacer sus aportes a la educación superior pública, sin que le signifique mayores costos a los estudiantes de estos centros de educación superior.
Entre otros de los objetivos de la reestructuración a la educación superior se tiene en cuenta la calidad como eje fundamental y con esto aportar mayores incentivos a las universidades que cumplan con este punto de la reforma, ya que lo que necesita el país son más profesionales competitivos.
Por otra parte, Santos explicó que también se quiere aplicar un instrumento de transparencia y buen gobierno en esta propuesta para que en los 3 años y medio que restan de gobierno se pueda aumentar de 1,6 milllones de estudiantes a 2,2 millones recibiendo educacion superior, un aumento calculado en un 37 por ciento.
Finalmente, Santos señaló que se fortalecerá al Icetex para que pueda brindar mayores posibilidades económicas y financieras a los estudiantes, ademas aumentar la cobertura de los subsidios y también se contempla la creación de un fondo; el mandatario puntualizó que la intención es que los egresados comiencen a cancelar sus créditos cuando se ubiquen laboralmente y superen un umbral mínimo de ingresos.
